30 diciembre, 2020

Los médicos de familia apoyamos el uso racional del medicamento definido por la OMS como la administración a los pacientes de la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad. Algunas de las medidas que puede tomar el médico de familia, dentro de la ética de la prescripción, es prescribir la medicación como principio activo, entendiendo que la marca o el genérico que recibirá el paciente tiene todas las garantías de calidad otorgadas por la Agencia Española del Medicamento. Este aspecto permite la libre prescripción del médico ya que ésta se basa en la capacidad del médico de prescribir una determinada sustancia o su equivalente terapéutico, no en si debe tener un nombre comercial u otro (Organización Médica Colegial).

 

En el año 2012 la Administración Pública Andaluza decidió iniciar un sistema de subastas de medicamentos de elevado uso cuya finalidad era contener el gasto en farmacia mediante acuerdos con determinadas empresas, con renovaciones periódicas de los mismos. Frente al importante ahorro económico conseguido con esta medida han aparecido problemas como el desabastecimiento de determinados fármacos y la mala adherencia al tratamiento, sobre todo en pacientes crónicos que veían cambiar el envase y el aspecto de su medicación cada semestre. También era desconocido el destino de ese presupuesto ahorrado, con centros de salud deficitarios en infraestructura y con médicos de familia percibiendo los salarios más bajos de toda España. El actual equipo de gobierno andaluz había planteado algunas mejoras en este sistema (como la inclusión de varias marcas para cada principio activo) pero finalmente ha  decidido poner fin a esa subasta.

 

La opinión de SAMFyC sobre estos cambios, transcurridos apenas ocho años,  se resume  en los siguientes puntos:

  • Es prioritario un consenso político sobre este tema, que cuente además con la opinión y experiencia de todos los actores que pueden ayudar a mejorar la eficiencia de los fármacos financiados por el SSPA. La administración pública, los sectores relacionados con la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios tienen diferentes objetivos pero deben converger en el uso coste-eficaz de la medicación.
  • El gasto en fármacos se incrementará con esta medida. Andalucía tiene uno de los gastos sanitarios por cápita más bajos de toda España, por lo que urge su incremento al mismo nivel que el resto de comunidades autónomas para que esta medida pueda llevarse a cabo sin perjuicio para la población.
  • Ese gasto no debe computarse a los médicos de familia ni se les debe exigir unos objetivos de farmacia más severos. Al contrario, es urgente una revisión al alza de los objetivos de gasto farmacéutico acorde con la morbimortalidad de la población que se atiende, al tiempo que de los servicios del hospital tengan una implicación completa en los mismos objetivos.
  • Hay medidas que pueden facilitar el cumplimiento del paciente: facilitar la isoapariencia de todos los envases y la medicación, ofrecer mayor información desde las oficinas de farmacia, o permitir la continuidad de las mismas marcas o genéricos en caso de tratamientos prolongados, entre otros.

 

La nueva medida adoptada por el Gobierno Andaluz deberá ser complementada con una dotación de presupuesto para compensar el incremento económico que supone. De esta forma, el uso racional del medicamento y la libre prescripción de los médicos de familia quedarán salvaguardados. Además, se precisa una revitalización económica de la Atención Primaria: sin las mejoras que hemos solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz, la calidad de la atención puede verse seriamente afectada a corto-medio plazo y el gasto en farmacia puede incrementarse al no poder dar respuesta a todas las necesidades de nuestros pacientes.

En Granada a 29 de diciembre de 2020

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