La Atención Primaria en la Iniciativa Legislativa Popular para la recuperación de los niveles de calidad en el sistema sanitario público
Yesa Herrera J
Directivo de FACUA Andalucía
Recibido el 22-12-2025, aceptado para publicación el 29-12-2025.Las distintas organizaciones que conformamos la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía coincidimos en la urgencia y necesidad de elevar a la Atención Primaria al lugar protagonista que debería ya haber ocupado en el marco del sistema sanitario público andaluz.
Por ello, en la propuesta de Ley que hemos presentado ante el Parlamento Andaluz a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la finalidad de paralizar el proceso de privatización del sistema sanitario público puesto en marcha por el actual gobierno andaluz y recuperar sus niveles de calidad no nos hemos olvidado de que una parte importante de las medidas que, en tal sentido, consideramos deben adoptarse guardan relación con la atención primaria.
El notable incremento de la demora que actualmente debemos soportar los usuarios para poder ser atendidos en consulta por nuestro médico de atención primaria imposibilita el adecuado acceso a este nivel asistencial, reduciendo de forma radical su capacidad de resolución.
Asimismo, los usuarios también necesitamos disponer de forma continua y estable de un profesional asignado, que forma que se garantice la continuidad en la asistencia que recibimos. Por otra parte, actualmente las labores de promoción y prevención de la salud que deberían desarrollar los centros de salud se han reducido a su mínima expresión.
Por todo ello, en nuestra iniciativa reclamamos que la norma básica reguladora del sistema sanitario en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, consagre que la red de atención primaria disponga de un personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas y que en la atención programada se respete el criterio facultativo que lo designa.
En relación con la promoción y la prevención de la salud, hemos planteado que legalmente se garantice la promoción de estilos de vida saludables entre la población y la prevención de las enfermedades en los grupos de mayor riesgo. A tal efecto, consideramos necesario implicar en estas áreas de actuación a la Consejería competente en materia de educación con la finalidad de incluir en la enseñanza contenidos que se centren en los aspectos y determinantes que más impacto tienen en la salud, verificados científicamente (medioambientales, de hábitos de vida, relaciones sociales, etc.).
Como promotores y partícipes de esta iniciativa, nos congratula el enorme apoyo popular que ha recibido, concretamente, las 57.000 firmas recogidas en todo el territorio andaluz para respaldar esta (ILP), a pesar de lo farragoso y complicado que resulta poner en práctica este procedimiento, y que superan ampliamente en número de 40.000 necesario legalmente para lograr su admisión a trámite por el Parlamento Andaluz, así como la multitudinaria asistencia a la manifestación que convocamos el pasado 26 de noviembre en respaldo de esta propuesta.
Asimismo, el notable respaldo a esta iniciativa es una clara evidencia del hartazgo y malestar de usuarios y profesionales ante el desmantelamiento y el maltrato que sufre la sanidad andaluza desde hace años y que afecta, de forma especial, a la atención primaria, que, debemos recordar, históricamente recibía grandes halagos de los destinatarios de sus servicios.
Nos mentiríamos a nosotros mismos si no reconociéramos que la iniciativa tiene escasa posibilidades de lograr el respaldo parlamentario, al menos, en los términos en los que la misma ha sido planteada, a pesar del apoyo casi unánime que ha recibido su petición de tramitación.
Prueba de ello, es la negativa de la mayoría parlamentaria a tramitar la modificación normativa plantada por vía de urgencia, recurso que, por el contrario, sí que no han dudado en aplicar a la aprobación de otras 15 normas de mucho menor calado e importancia, por lo que es posible que esta iniciativa ni siquiera llegue a discutirse durante la actual legislatura.
Sin embargo, en el peor de los casos, el trabajo desarrollado no va caer en saco roto. Más allá de la mera acción reivindicativa o de la apertura del debate sobre estado actual del sistema sanitario público andaluza que pueda haber suscitado, esta iniciativa ha permitido que, de manera conjunta y consensuada, los usuarios y profesionales que tenemos en común la defensa de los fundamentos esenciales de la sanidad pública (universalidad, gratuidad, equidad y gestión pública) hayamos señalado las medidas que, a nuestro juicio, deberían adoptarse con carácter inmediato para frenar la deriva de un sistema cuyo declive parece no tocar fondo.
